Más personal para la Agencia de Licencias

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido reforzar con 27 interinos su Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA) durante al menos un año. En Cibeles desvinculan este incremento de plantilla con un atasco en la concesión de permisos para la puesta en marcha de negocios, ya que aseguran que «casi el 80% del total» pueden levantar el cierre al día siguiente de presentar una declaración responsable.

La explicación a la contratación de más personal es que tras la aprobación de la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en febrero los ciudadanos tienen ahora «más posibilidades de elección» y pueden «acudir directamente a los servicios municipales» para gestionar sus expedientes. Esta opción se eliminó después de que se destapara el escándalo de la operación Guateque, una presunta trama de corrupción en la concesión de licencias por funcionarios públicos.

En 2009, el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, decidió externalizar entonces la concesión de permisos y dejarla al 100% en manos de las Entidades Urbanísticas Colaboradoras (ECUS). Una sentencia del Supremo confirmó a finales de 2013 la anulación de la exclusividad de tal medida, acordada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así que las autoridades locales han tenido que redactar una nueva normativa para subsanar los fallos y desde hace ocho meses se puede acudir indistintamente a una de esas 24 empresas homologadas o a cualquiera de las ventanillas de la Administración.

El sector privado se queja ahora de que el Ayuntamiento de Madrid ejerce una «competencia desleal» ya que «está aplicando las mismas tasas de 2004», entre un 5% y un 15% inferiores a los precios actuales. «Nos parece perfecto que el ciudadano tenga la posibilidad de elegir, pero que sea en igualdad de condiciones», señala Mariano Fuentes, director general de la Sociedad Técnica de Tramitación (STT)y miembro de Ecutecnia, la plataforma que engloba a todas las ECUS.

Aparte de cuestiones económicas, la compañía promovida por el Colegio de Aparejadores denuncia que al AGLA «le faltan recursos técnicos» para asumir la nueva carga de trabajo. Según los datos de sus propios expedientes en tramitación, desde mayo no se ha concedido ni una sola licencia urbanística. En el Ayuntamiento señalan que es «difícil» cuantificar el volumen de solicitudes de este tipo de permisos -«que ahora son muy escasos»- pendientes de respuesta porque «intervienen diversos servicios municipales». «En todo caso, según la nueva Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas, el plazo se ha reducido en un mes, pasando de tres a dos meses en la actualidad para su otorgamiento o denegación», argumentan. Otras fuentes consultadas por este periódico sitúan en 6.000 dicha cifra.

Los expedientes que no se resuelven con licencias ahora se tramitan con las novedosas declaraciones responsables:la persona que quiere montar una empresa presenta un escrito en el que asegura que cumple con toda la normativa vigente y al día siguiente puede darla oficialmente por autorizada, a expensas del resultado de la inspección municipal del local que se tiene que realizar en un plazo máximo de dos meses.

Aquí es donde las ECUS establecen la diferencia para el emprendedor entre acudir a la ventanilla municipal -«donde presentas tu documentación y te vas»- o recurrir a los servicios de una de las 24 intermediadoras -«que te aseguran la viabilidad de tu negocio, ya que te revisan tu actuación previamente»-.

Los ciudadanos tienen que decidir ahora si prefieren pagar hasta un 15% más por este servicio que les garantiza que no les cerrarán el local o abonar tasas de 2004 que cobran los técnicos municipales sin la certeza de lo que ocurrirá cuando los inspectores actúen pese a que en la normativa municipal en vigor dice textualmente: «Los interesados podrán dirigirse al Ayuntamiento de Madrid o bien acudir a la colaboración privada de estas entidades en los términos establecidos en la ordenanza, sin que de ello pueda derivarse tratamiento diferenciado alguno».

En el AGLA, sin embargo, señalan que su objetivo prioritario «no es competir» con las ECUS, sino «colaborar». «Ellas hacen bien su trabajo. Ambos tenemos como finalidad común servir más y mejor a los emprendedores», dicen.

Fuente: El Mundo (versión digital)

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Un pensamiento en “Más personal para la Agencia de Licencias

  1. Este artículo nos parece interesante por dos razones principalmente:
    La primera de ellas es que, por primera vez al menos que nosotros sepamos, se pone de manifiesto lo que ya apuntábamos en nuestro artículo del 2 de abril de este año sobre las diferencias, a nivel real, entre tramitar la Declaración Responsable o Licencia ante una Entidad Colaboradora y el propio Ayuntamiento.
    A pesar de que la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas establece que ambas opciones son idénticas, esto no es así a efectos prácticos, empezando por las tarifas o tasas aplicadas en ambos casos.
    Existen así mismo diferencias en, por ejemplo, el procedimiento denominado de Licencia, a la hora de realizar posibles requerimientos, sobre todo a nivel práctico, porque los plazos no se están cumpliendo por parte del Ayuntamiento.
    Digan lo que digan al respecto desde fuentes municipales, los retrasos existen, son excesivos y sus consecuencias son soportadas por los solicitantes de licencia, si bien es cierto que una amplia mayoría de las aperturas se realizan mediante el procedimiento de Declaración Responsable, lo cual minimiza el atasco en gran medida.
    El segundo aspecto que queremos remarcar es que, según lo comentado por el representante de las ECUs, sólo la intervención de dichas empresas garantizan la viabilidad de la implantación de una actividad.
    Con todos mis respetos, lo que verdaderamente garantiza la viabilidad de implantar una actividad es un estudio previo de dicha implantación antes de alquilar el local, nave, oficina, etc., realizado por una empresa como Ingenio Madrid, que no sólo chequea que el uso esté permitido, cosa que también pueden hacer las Entidades Colaboradoras, sino que revisan las condiciones del establecimiento para ver si sus condiciones cumplen o pueden llegar a cumplir con los condicionantes establecidos en las distintas Ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid, cosa que, por lo que nosotros sabemos, no realizan por lo general las Entidades Colaboradoras, y que a nuestro juicio es condición imprescindible para poder garantizar la implantación de una actividad.
    Si no se conocen las condiciones físicas del establecimiento donde se va a implantar una actividad, es literalmente imposible poder asegurar la viabilidad de dicha implantación, así de sencillo.
    Por eso nuestro consejo es que, inicie el procedimiento con quien lo inicie, una Entidad Colaboradora o el Ayuntamiento, se pongan, antes de llevar adelante la implantación de la actividad correspondiente en manos de profesionales, como por ejemplo los integrantes de Ingenio Madrid, que puedan asesorarles sobre las posibilidades o inconvenientes que pueda tener el local elegido a la hora de obtener la licencia o efectuar la Declaración Responsable, basado no solo en el conocimiento de la normativa, sino también en las condiciones físicas del local elegido.

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