La Declaración Responsable, o el fin de la pesadilla

Posiblemente muchos de entre quienes lean el encabezamiento estén tentados, en un primer momento, de tildar el título del presente artículo de excesivo o abiertamente sensacionalista.

Lo cierto es que una inmensa mayoría de aquellos que hayan tenido ya una experiencia en relación a la obtención de una licencia de apertura o de obra, pueden haber comprendido, en mayor o menor medida, dependiendo de su propia experiencia, que el tildar de pesadilla el procedimiento administrativo conducente a la obtención de una licencia puede tener un fácil encaje en relación a sus propias vivencias al respecto.

Y ahí es donde cobra especial relevancia el cambio radical que puede llegar a representar la Declaración Responsable en relación al trámite administrativo requerido para obtener un permiso municipal, en el caso de la licencia, o, en al ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas, la obtención de un Registro Industrial de automóviles por ejemplo.

La Declaración Responsable, más coloquialmente conocida como Licencia Express, nace en último término de la transposición parcial de una directiva europea (la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo) a la ordenación española, Directiva tendente a la liberalización de ciertos servicios, que dio lugar a toda una cascada de normativas en relación a dicha directiva, entre otras el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre el visado colegial obligatorio, o el Real Decreto ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

En lo relativo a lo que atañe a la obtención de una licencia de actividad, los mencionados Reales Decretos intervienen sobre dos aspectos fundamentales; la eliminación del visado colegial obligatorio en una importante cantidad de situaciones por considerar que en la mayoría de los casos dicho visado no aportaba nada esencial al proceso que no pudiera ser aportado por otros medios que no supusieran un sobrecoste para el cliente final, esto es, el promotor de una determinada actuación (bien para abrir cierto negocio, para reformarlo o inclusive ambas cosas de forma simultánea); y por otro lado, el cambio, a nuestro modo de ver, más sensato y más ambicioso, en el planteamiento a la hora de autorizar y velar porque una determinada actuación cumpla con los condicionantes normativos que le son de aplicación.

El proceso para la obtención de una licencia urbanística, de apertura o de obra, era hasta la entrada en vigor de la Licencia Express un trámite que, como mínimo, no respondía a las necesidades de la mayoría de empresas y emprendedores, pues en la mayoría de los casos el tiempo durante el cual supuestamente uno debía esperar para obtener por ejemplo la licencia de obras para reformar un determinado local excedía con mucho del que en la mayoría de los casos se disponía por parte del empresario o persona particular para poder iniciar dicha obra, dado que el perjuicio por una excesiva lentitud en el proceso era una carga inasumible en términos económicos por quien estaba realizando esa inversión.

Esto llevaba a que, en muchos casos, la obra diera comienzo únicamente con la solicitud en mano y no con la licencia tal y como sería preceptivo, provocando una doble inseguridad jurídica para el interesado; por un lado, al no tener la licencia correspondiente que le autorizara a ejecutar la obra, he de decir que en muchos casos por causas no debidas al interesado sino más bien debido al funcionamiento de determinadas administraciones, el inversor vivía con el miedo perpetuo de ver paralizada la obra por el mismo ayuntamiento que ralentizaba la consecución de la misma hasta límites inadmisibles (hay que recordar que la policía municipal y los servicios técnicos de urbanismo pertenecen a un ente único e indivisible, el ayuntamiento, y que más de una vez se ha echado en falta una mínima coordinación por parte de ambos en muchos municipios, dado que no era infrecuente que los criterios respecto a qué hacer al encontrar una obra en marcha sin licencia fueran completamente distintos), y por otro lado, el técnico al cargo del trabajo, y por lo tanto en último término el interesado, tenía que lidiar con cierta incertidumbre en lo relativo a la interpretación de la normativa en cada caso concreto por cada técnico en particular de una determinada administración.

En relación a esto último, parece razonable que cada técnico municipal tenga libertad a la hora de firmar un determinado informe técnico relativo a las condiciones en las cuales se pretende llevar a cabo una actuación, una licencia, principalmente dado que suya es la firma y suya es también en gran medida la responsabilidad si algo no ha sido controlado debidamente al autorizar el funcionamiento de una actividad, pero no es menos cierto, reincidiendo en lo ya comentado, que los ayuntamientos son únicos, y a veces, ante condiciones muy semejantes, los resultados de dos licencias podían ser completamente distintos dependiendo del técnico que revisara la documentación.

Y la incertidumbre y el dinero se llevan muy mal
Dicha situación era fuente de una incertidumbre que a veces rayaba lo insoportable, quedándole en no pocos casos al solicitante de una licencia la desagradable sensación de que el sistema premiaba al tramposo (pues no eran pocos los que ejercían esa misma actividad a su alrededor  sin haberse procedido en ningún momento a solicitar la correspondiente licencia que les autorizase, o que parecían hacerlo en condiciones que podían parecer muy inferiores a las establecidas para uno mismo), y castigaba de alguna manera a aquel que pretendía seguir las reglas de forma voluntaria, el que solicitaba la licencia correspondiente, sobre el cual caía en demasiadas ocasiones un sistema demasiado lento y pesado, que en ciertos casos podía llegar a aplastarle (desafortunadamente, no son pocos los casos de promotores de actividades para los cuales las trabas encontradas en el camino para la obtención de su licencia ayudaron a que finalmente decidieran poner fin a su proyecto antes de tiempo).

Toda una pesadilla
Y a partir del año 2009, y principalmente con la entrada en vigor del Real Decreto ley 19/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de  determinados servicios, llegó el cambio de enfoque, la Declaración Responsable. ¿Por qué supone un cambio de enfoque?; porque para aquellas actividades para las cuales es de aplicación dicho procedimiento administrativo (no todas las actividades pueden acogerse a dicho procedimiento, aunque poco a poco se van incorporando cada vez más), el mero hecho de presentar dicha Declaración habilita al solicitante para ejecutar la obra o actividad, o ambas cosas, desde el mismo momento de su presentación. ¿En qué consiste la Declaración Responsable?; en que el interesado declara, bajo su responsabilidad, que la actuación que pretende acometer (abrir su negocio, reformarlo, etc.), cumple con la normativa que le es de aplicación, e igualmente, tiene en su poder la documentación justificativa que garantice que su establecimiento cumple con determinados requisitos de seguridad (por ejemplo, el boletín eléctrico de su instalación o el contrato de mantenimiento de los equipos de protección contra incendios de su establecimiento).

Se cambia el sistema basado en la antigua licencia, que tras un proceso administrativo autorizaba una determinada actuación, pero sólo a la finalización del proceso, por una Declaración Responsable, que traslada la autorización al inicio del procedimiento, comprometiéndose así mismo  el declarante a mantener las condiciones durante el desarrollo de la actividad, o bien comunicar cualquier variación de importancia a la administración.

Muchos técnicos dedicados a la obtención de licencias pensaron que era el fin de la profesión, se hablaba del fin de las licencias.

Nosotros creemos que son tiempos de cambio, tiempos por lo tanto de oportunidades
Dada la nueva situación generada muchos se preguntarán; ¿necesito entonces con las nuevas Declaraciones Responsables de la intervención de un técnico para llevar adelante la autorización de mi actividad u obra?.Pues más o menos en igual medida que con anterioridad; hay actuaciones que por su sencillez y simplicidad no requieren de la intervención de un técnico cualificado, y muchas otras, que por su complejidad o por tener especial incidencia con aspectos relevantes en relación con el medio ambiente o la seguridad de las personas o bienes, requieren de la intervención de un técnico que pueda asesorar correctamente al interesado sobre cómo cumplir con las condiciones que la normativa establece para su  actividad, de forma que cuando declare, bajo su responsabilidad, que lo que está haciendo cumple con la normativa que le es de aplicación, esté declarando algo veraz.

Porque, que quede claro, la normativa sigue siendo la misma y las actividades y obras están sujetas a las mismos condicionantes que con anterioridad a la entrada en vigor de las Declaraciones Responsables.

Siguen así mismo los negocios u obras ejecutadas requiriendo de un control municipal que chequee que lo que ha declarado el interesado es conforme a normativa al revisar documentalmente, vía proyecto técnico o memoria justificativa, la actuación a emprender por el solicitante,  y a su vez, mediante la correspondiente visita al establecimiento, que lo indicado en papel corresponde razonablemente con la realidad del establecimiento, exponiéndose el declarante, en caso de no ser cierto en todo o en parte de lo declarado, y dependiendo de la gravedad de la inexactitud, por un lado, a tener que ajustar su actividad a lo declarado (hacer obras, modificaciones, inversiones) con su actividad ya en marcha, con el consiguiente daño para uno de los mayores activos de cualquier empresa, su imagen, o inclusive, en ciertos casos extremos, a tener que cerrar una vez abierto el establecimiento, debiéndose tener en cuenta por otro lado que existen multas coercitivas derivadas de la falta de veracidad de una Declaración efectuada (y que por otro lado, han existido siempre).

Hemos asistido por lo tanto al nacimiento de una nueva forma de hacer las cosas; los actores principales deben entender, esto es, tanto las personas físicas o empresas que emprenden una actividad u obra, como los funcionarios municipales  que  se encargan de que las actividades se ajusten a unos mínimos establecidos en normativa, que la Declaración Responsable nace como un gran pacto entre quien quiere establecer un negocio y quien debe velar porque al hacerlo dicha actividad u obra no lesione los derechos de terceros.

La clave en nuestra opinión está en el punto de equilibrio que se logre alcanzar en cada municipio en concreto
Si la gente rompe el contrato y efectúa su Declaración de forma tramposa e irresponsable de forma generalizada, el sistema habrá fracasado, y quizás esto lleve en mayor o menor medida al sistema actual, en el cual debemos ser vigilados y controlados como si no fuéramos capaces de asumir nuestras propias responsabilidades y derechos por nosotros mismos, sin que medie presión externa, una suerte de estado policial en el cual algunos creen (¿puede haber un guardia de tráfico en cada cruce?; ¿y un inspector municipal en cada comercio?). Y deberíamos tener en cuenta que las tentaciones para atajar en el camino seguirán siendo muy fuertes durante un buen tiempo, porque mantenerse firme frente a un estado de cosas en el que demasiado a menudo da la sensación de que los incumplidores son los realmente beneficiados por el sistema no es nada sencillo, que duda cabe.

Si los ayuntamientos no logran establecer reglas claras y eficaces, iguales para todos, únicas, en las que a la hora de revisar un determinado establecimiento se sepa separar lo realmente necesario de lo prescindible, el nuevo procedimiento se verá entorpecido y desvirtuado, se hará de nuevo lento y pesado, volviendo por lo tanto al estado de cosas anterior. Y establecer dichas condiciones podría llegar a considerarse todo un arte, algo realmente complicado, que requerirá de un gran esfuerzo por parte de los técnicos municipales.

La suerte está echada.

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